El debate sobre el salario mínimo 2026 no tardó en convertirse en algo más que una discusión técnica. Lo que debía ser un análisis responsable sobre poder adquisitivo, inflación y productividad terminó envuelto en una nueva confrontación de poderes que deja, otra vez, al ciudadano en medio del fuego cruzado.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó un incremento del 23,7 %, el más alto en lo que va del siglo. Hoy, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto, argumentando que no se explicaron con suficiente rigor los criterios técnicos exigidos por la Ley 278 de 1996.
Ambas decisiones pueden tener fundamentos jurídicos. Lo preocupante es el clima permanente de confrontación que convierte cada determinación económica en una batalla política.
Un aumento histórico, una incertidumbre innecesaria
Es cierto que desde 2022 los incrementos del salario mínimo han sido significativamente superiores al promedio de la década anterior. También es cierto que el país ha enfrentado presiones inflacionarias que golpearon con fuerza el bolsillo de millones de familias.
Pero cuando el debate se traslada del terreno técnico al terreno ideológico, el efecto inmediato no es pedagógico sino desestabilizador. La incertidumbre no se queda en los titulares; se traslada al comerciante que calcula costos, al pequeño empresario que proyecta nómina y al trabajador que no sabe si el aumento anunciado será definitivo.
La economía necesita reglas claras. Y la claridad institucional es, en sí misma, una forma de protección social.
El ciudadano que siempre financia el conflicto
En Colombia hemos normalizado que las tensiones entre poderes públicos escalen hasta el punto de convertirse en espectáculo mediático. Demandas, contrademandas, recursos y decisiones cautelares terminan consumiendo tiempo, energía institucional y recursos públicos.
Mientras tanto, el ciudadano de a pie —quien madruga, paga impuestos y sostiene la economía real— observa cómo su estabilidad depende de una disputa que no controla.
Cada confrontación prolongada genera costos. Costos jurídicos, costos administrativos y costos en confianza. Y cuando la confianza se debilita, el impacto lo sienten primero los más vulnerables: trabajadores informales, pequeños negocios, familias que viven del ingreso mensual sin margen de ahorro.
La Constitución habla de equilibrio, no de polarización
La Constitución de 1991 fue diseñada bajo un principio fundamental: el equilibrio entre poderes. No para paralizar al Estado, sino para garantizar que las decisiones se adopten con responsabilidad y dentro de parámetros claros.
El salario mínimo 2026 debe analizarse bajo los principios de protección especial al trabajo, remuneración mínima vital y móvil, y dirección responsable de la economía. No bajo la lógica del pulso político permanente.
En democracia, el debate es legítimo. Lo que erosiona la institucionalidad es la incapacidad de construir consensos mínimos cuando se trata de decisiones que afectan directamente el ingreso de millones de hogares.
Más responsabilidad, menos espectáculo
Colombia no puede seguir atrapada en una dinámica donde cada decisión estructural se convierte en escenario de confrontación. Gobierno y oposición, partidos tradicionales y nuevas fuerzas políticas, todos tienen una responsabilidad compartida en el clima de polarización que se ha instalado como forma habitual de hacer política.
El país necesita discusiones firmes, sí. Pero también necesita estabilidad. Necesita que las instituciones dialoguen sin convertir cada diferencia en un choque que termina pagando la ciudadanía.
El salario mínimo 2026 no debería ser símbolo de división, sino ejemplo de cómo una democracia madura puede debatir, ajustar y decidir sin generar incertidumbre innecesaria.
Porque cuando la política se transforma en espectáculo, quien compra la boleta sin haberla pedido es el ciudadano común.
Y es hora de que esa factura deje de recaer siempre sobre los mismos.
