La operación de una bodega de Rappi Turbo en la parte alta de El Poblado, en el barrio El Tesoro, sigue generando tensiones entre comunidad, autoridades y plataformas digitales.
Lo que comenzó como una discusión sobre ruido, motos y espacio público, hoy se convierte en un debate más profundo: ¿por qué sigue funcionando un establecimiento que, según la norma, no debería operar en ese lugar? y ¿dónde están las autoridades encargadas de controlar estas situaciones?
Una operación que impacta la vida cotidiana
En la loma de Los Parra funciona una bodega desde donde se despachan pedidos en tiempos cortos hacia distintos sectores de la comuna 14.
Pero su operación ha transformado la dinámica del entorno:
- Presencia constante de domiciliarios
- Congestión en una vía residencial estrecha
- Ocupación del espacio público
- Ruido desde primeras horas del día
Habitantes del sector advierten que pueden concentrarse entre 150 y 200 moteros diariamente, lo que ha incrementado los conflictos de convivencia y la percepción de inseguridad.
El uso del suelo: una norma clara que no se cumple
El predio donde opera esta bodega tiene un área de 662,22 m² y está ubicado en una zona de baja mixtura, predominantemente residencial. Según el concepto emitido por Planeación:
- Las actividades de bodegas y depósitos están prohibidas
- Así como todas las categorías de comercio en ese rango de área
En términos simples: la actividad que hoy funciona allí no es compatible con el uso del suelo, sin embargo, el establecimiento sigue operando.
¿Por qué no se ha cerrado?
Aquí aparece una de las claves del caso. El concepto de uso del suelo, por sí solo, no tiene capacidad de sancionar, es un documento técnico que orienta, pero no ordena cierres. Para que eso ocurra, deben actuar otras autoridades como:
- Inspección de Policía
- Secretaría de Salud
- Dependencias de control urbanístico
Y es precisamente ahí donde surge la inquietud de la comunidad.
La pregunta incómoda: ¿qué está pasando con las autoridades?
En este caso, la mirada recae sobre la Inspección de Policía de El Poblado, que debería verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de convivencia. Pero también sobre una estrategia más amplia: el Puesto de Mando Unificado Social (PMUS)
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El PMUS: una promesa que hoy genera dudas
El PMUS llegó a la comuna 14 con una apuesta ambiciosa:
- Más de 200 funcionarios
- Presencia permanente en el territorio
- Articulación institucional para resolver problemáticas complejas
Su objetivo era claro: ordenar el espacio público, mejorar la movilidad y fortalecer la convivencia.
Pero en la práctica, la percepción en el territorio es otra.
Entre la estrategia y la realidad
Mientras el PMUS avanza como política pública, en zonas como la loma de Los Parra persisten situaciones como:
- Saturación de motos
- Uso indebido del espacio público
- Falta de control visible
- Conflictos con la comunidad
Tal como se evidencia en el análisis territorial, estos no son casos aislados, sino señales de una posible desconexión entre la planeación y lo que realmente viven los habitantes
La gran pregunta: ¿dónde está el PMUS cuando se necesita?
La comunidad empieza a formular una pregunta directa: Si hay más de 200 funcionarios y presencia institucional permanente, por qué no hay una respuesta ágil frente a problemáticas como esta?
No se trata solo de sancionar. Se trata de:
- Prevenir conflictos
- Regular nuevas dinámicas económicas
- Garantizar el uso adecuado del espacio público
- Proteger la calidad de vida de quienes habitan el territorio
Un precedente que aumenta la incertidumbre
La situación recuerda lo ocurrido en 2023 en el barrio El Diamante 2, donde una bodega similar fue cerrada. En ese caso:
- También había uso del suelo no permitido
- También existían afectaciones a la comunidad
Pero hubo una diferencia clave: Una autoridad intervino y ordenó la suspensión de la actividad. Además, el incumplimiento del uso del suelo fue determinante en la decisión. Hoy, en El Tesoro, esa actuación aún no se materializa.
La comunidad se mueve: acción popular en camino
Ante la falta de respuestas concretas, liderazgos del territorio han comenzado a escalar el caso. La edil Laura Hurtado confirmó que:
- ya está en trámite una acción popular,
- actualmente en manos del concejal Andrés Tobón.
Este mecanismo busca proteger derechos colectivos como:
- La movilidad
- La seguridad
- El uso del espacio público
- La convivencia ciudadana
Más que una bodega: un reto para la ciudad
Este caso no es solo sobre Rappi. Es un reflejo de tensiones más amplias:
- Plataformas digitales operando en zonas residenciales
- Normas urbanísticas que no siempre se hacen cumplir
- Instituciones que enfrentan nuevos retos de control
Y una pregunta que queda abierta para la ciudadanía: ¿Se están aplicando las reglas de manera igual para todos en El Poblado?
Una conversación que apenas comienza
La presencia institucional existe.
Las normas también.
Pero en el territorio, la sensación es distinta.
Porque cuando situaciones como esta se mantienen en el tiempo, la discusión deja de ser técnica y se vuelve ciudadana: sobre el derecho a la tranquilidad, sobre el uso del espacio público y sobre la capacidad real de las autoridades para responder. En El Poblado, el debate sigue abierto.
